El ayuntamiento de Barcelona mediará entre propietarios e inquilinos y bancos o propietarios con el fin de reducir los desahucios.

Al margen de esto solicitará al gobierno central que modifique la Ley Hipotecaria para conseguir frenar el número de desahucios de los hipotecados con dificultades para pagar y para los inquilinos que no pueden hacer frente a la cuota mensual.

Esta es una de las peticiones formuladas por Maite Fandos, la teniente de alcalde de Calidad de vida a la Comisión Mixta sobre lanzamientos de viviendas constituida por el propio ayuntamiento y formada por 40 representantes de bancos y cajas, asociaciones de afectados y representantes de grupos parlamentarios.

Uno de los objetivos principales es la creación de un departamento que ofrezca  orientación jurídica a los afectados.

En el caso de haber riesgo de desahucio el ayuntamiento se ofrece como mediador entre las partes para renegociar el alquiler o bien renegociar la deuda existente.

La medida también tiene como objetivo la ampliación de recursos en esta área con la creación de un Centro de Alojamiento Familiar que sería un sustituto a las pensiones y alojamientos que se ofrecen en la actualidad a las personas que han sido desahuciadas hasta que encuentran otro sitio donde vivir.

Reformar la Ley Hipotecaria

La teniente de alcalde ha querido desmentir un rumor que asegura que en los casos de desahucios en familias con hijos éstos se los quedan los servicios sociales cuando se acude a los servicios sociales.  Es más, según palabras de Maite Fandos son los casos prioritarios por su complejidad.

La teniente de alcalde manifiesta sentirse satisfecha por el compromiso de los jueces aunque éstos manifiestan que es difícil frenar los desahucios sin una modificación de la Ley Hipotecaria.

Según datos del Consejo General del poder Judicial aumentaron los procesos de desahucio en un 21% respecto al mismo periodo del año anterior.

Estamos hablando de 16.464 procedimientos en curso en el segundo trimestre de 2011.

Durante el primer trimestre del año los juzgados recogieron 15.546 demandas de desahucio, un 36,8% más respecto al mismo periodo de 2010. Estas cifras hacen pensar que estaremos ante un récord histórico de desahucios en 2011.

En este primer semestre de 2011 se presentaron casi los mismos procedimientos que en la totalidad de 2009.

Sin embargo, según datos del CGPJ, las ejecuciones hipotecarias han pisado el freno desde el inicio de año.

Bajan las ejecuciones hipotecarias

Durante el segundo trimestre de 2011 las entidades bancarias han iniciado 20.505 ejecuciones hipotecarias por impago, un 16,4% menos que en el mismo periodo de 2010.

De enero a junio se llevaron a cabo 42.242 ejecuciones, un 18,96% menos que el primer semestre de 2010.

En cuanto a procesos por comunidades autónomas, Murcia aumentó en un 640% ya que de abril a junio se presentaron 259 procesos mientras que en el mismo periodo de 2010 fueron 35.

Le sigue Extremadura con un 60,3% más, concretamente se solicitaron 117 desahucios frente a los 73 del segundo trimestre de 2010.

Respecto a ejecuciones hipotecarias cayó considerablemente en Madrid, concretamente un 35,1% menos con 2.026 procesos.

Le siguen Andalucía que a pesar de contar con una cifra récord comporta un 2,8% menos respecto al año anterior con 4.299 procesos y la Comunidad Valenciana con 3.909 procesos, un 14,5% menos.

La PAH (Plataforma de Afectados por las Hipotecas) llaman a salir a las calles este domingo para luchar contra los desahucios.

Unas 35 provincias de nuestro país acogerán dicho movimiento social, entre las más importantes Madrid y Barcelona. Con dichas movilizaciones se quiere reclamar la aplicación de la dación de pago, la aprobación de la moratoria de 3 años y la conversión de viviendas de alquiler social aquellas viviendas en propiedad que no puedan pagarse.

Ada Colau, portavoz de la plataforma, explicó esta semana que las movilizaciones quieren concienciar sobre la problemática de cara a la campaña electoral del 20N.

Se espera una participación masiva ya que se está hablando mucho sobre la instauración de la dación de pago.

La manifestación en la capital dará comienzo a las 18.00h recorriendo desde Cibeles a la Puerta del Sol. En Barcelona comenzará a la misma hora en la Plaza Catalunya y recorrerá Via Laietana para acabar en Pla de Palau.

Existen datos alarmantes durante el periodo 2007-2010 llevándose a cabo 300.000 ejecuciones hipotecarias en nuestro país.  La mayoría de las hipotecas que fueron ejecutadas se concedieron por encima del 80% del valor de tasación.

Cabe destacar que la conocida dación de pago ya se contempla en el ordenamiento jurídico español pero sólo es aplicable de manera voluntaria por las entidades bancarias.

El Consejo de consumidores y usuarios piensa solicitar al Gobierno de España que apruebe urgentemente una moratoria hipotecaria de 3 años para paliar los desahucios y poder aliviar las economías familiares más debilitadas.

Según la Asociación Hipotecaria Española en nuestro país el 2,469% de las hipotecas son sensibles a ser impagadas y durante 2010 se ejecutaron 94.000 hipotecas y este escenario es suficientemente grave como para tener en cuenta la petición de moratoria.

En palabras de la presidenta del Consejo de consumidores, Francisca Sauquillo, existen motivos de peso y justificadas para que el Gobierno preste especial atención.

Sauquillo dice que se han mantenido a la espera de los resultados de la comisión que nombró el Congreso de los Diputados y es por esta razón por la que no han solicitado antes estas medidas.

Según la presidenta no solicitan cambio legislativo alguno sino una moratoria de pago aunque no descartan plantear una reforma de la Ley hipotecaria

María José de 53 años y sus dos hijos estaban hoy pendientes de una orden de desahucio por la acumulación de la deuda de 200.000 euros contraída con la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), una de las cajas más afectadas y que intenta conseguir inversores con el fin de evitar su nacionalización.

Uno de los hijos de la propietaria del piso cuenta con una minusvalía del 77% mientras que la otra es una licenciada en paro y sin ingresos algunos por prestación al igual que su madre.

Los únicos ingresos con los que cuentan la familia son 700 euros que provienen de ayudas públicas para el cuidado del hijo de manera que no son suficientes para sufragar la cuota de la hipoteca ya que asciende a 1.200 euros.

Más de cien personas convocadas por la PAH se han agolpado en la puerta del domicilio con el fin de evitar el desahucio. En el piso de María José no se presentó ningún funcionario tan sólo dos miembros de los Servicios Sociales del Samur pero no consiguieron entrar en la vivienda.

Se frena el desahucio por falta de pago

Hacia mediodía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid comunicaba que el Juzgado de Primera Instancia número 31 había decidido aplazar la ejecución sin especificar la fecha del nuevo intento.

María José se dirigió a los presentes desde su ventana y emocionada quiso ”dar las gracias a todos en mi nombre y en el de mis hijos por lo que habéis hecho hoy”.

Según informa el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Eloy Morte, la CAM se “ha negado” a renegociar una forma de pago alternativa y adecuada a la difícil situación económica de la familia de María José.

El abogado de la plataforma “ha pedido la nulidad del alzamiento ya que no existe alternativa habitacional” para esta familia.

La Plataforma reclama la modificación de la Ley Hipotecaria y la instauración de la dación de pago. También se solicitan facilidades para quienes pierdan sus casas por impagos mediante alquileres accesibles.

Gracias a la presión ciudadana se evitó el desalojo de una familia alquilada en un edificio del barrio de Gracia de Barcelona.

La inmobiliaria La llave de oro compró la vivienda hace 10 años y la arrendó al inquilino que era el anterior propietario.

Unas 70 personas se concentraron a primera hora de la mañana en el número 56 de la calle Alegre de Dalt del distrito de Gracia.

Ignasi Cisteró, el inquilino, declara que el juez decidió a última hora del viernes no enviar fuerzas policiales ya que considera “injusto” su desahucio pero debe de cumplir la ley y ordenar el desalojo.

Para el inquilino, que vive con su mujer e hija en el inmueble, se trata de un caso de acoso por parte de la inmobiliaria. Siente una gran impotencia al existir un valor sentimental en la vivienda que perteneció a su familia desde el año 1917 y en ella vivieron sus abuelos, nacieron todos sus hermanos hasta que su madre vendió la casa y se quedaron como inquilinos.

Según palabras del abogado de la familia, Bautista Sotelo, la inmobiliaria La llave de oro se hizo con la vivienda hace una década y tiene proyectada la construcción de varios inmuebles en esta finca y las colindantes.

Dicha construcción se encuentra impugnada por el Plan Especial del Ayuntamiento ya que se concedió a la inmobiliaria construir 3 plantas más bajo cuando en la zona tan sólo se permite 2 plantas más bajo.

Según el abogado de la familia la inmobiliaria se ampara en los artículos 78 y 79 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, que a pesar de varias modificaciones aún siguen vigentes.

En este caso la ley permite a La llave de oro demoler el edificio y construir siempre y cuando se construyan el doble de pisos de los existentes.

El inquilino lleva gastados más de 200.000 euros en una veintena de pleitos, los últimos 100.000 concretamente por costas ya que el Supremo no admitió a trámite una demanda donde solicitaba la opción a compra y que ya perdió en primera y segunda instancia.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) entregará un escrito al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid con decenas de cartas y escritos de personas y organizaciones de apoyo a familias desahuciadas o en riesgo de serlo.

Se darán cita a las 20.00h en la Plaza de Castilla para acompañar a personas que han sido víctimas de estafas hipotecarias y han sido desahuciadas o están en proceso de desahucio para solicitar la paralización de dicho proceso hasta que se resuelva en los juzgados.

Según advierte la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, cientos de personas,la mayoría de ellos inmigrantes, “han sido víctimas con el conocimiento de las entidades bancarias prestamistas en estos años de contratos hipotecarios, con cláusulas abusivas y condiciones abiertamente irregulares, las conocidas como “hipotecas basura”.

La Plataforma considera que se han podido llegar a vulnerar los derechos humanos de manera sistemática de los deudores y se denuncia la indefensión de los propietarios si los procesos de ejecución hipotecaria se llevan a cabo llevando consigo desalojos forzosos.

En este sentido no sólo solicitan la paralización de los procesos de desahucio sino también que se abran investigaciones en torno a las “estafas sistemáticas” para esclarecer los hechos “bajo los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”.

También solicitan la paralización con carácter de urgencia del proceso de desahucio de Anuar, vecino del barrio de Tetuán de Madrid cuya orden de desalojo estaba prevista para la semana pasada y no se llevó a cabo gracias a la presión de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) desplazó a un centenar de personas a San Javier (Murcia) para frenar los desalojos de dos familias.

Ambas familias son de origen marroquí y se encuentran en paro. Una de las familias tiene dos hijos menores, de 5 y 12 años.  El demandado de la otra familia se encuentra en estado de baja médica con una discapacidad del 41%.

Según fuentes de la Plataforma, uno de los afectados pagaba una cuota de 700 euros cuando cobraba 1.100 euros mensuales lo que se traduce en más del 60% de los ingresos familiares.

En ambos casos se impidió a los funcionarios del juzgado y acreedores de las entidades bancarias llevar a cabo el desalojo. Más de un centenar de personas se encontraban apostadas ante las casas con pancartas.  A petición de los acreedores de los bancos se personó la Policía Local y la Guardia Civil pero sólo pudieron recoger en el acta la imposibilidad de llevar a cabo el desalojo.

Sin recurrir a la violencia los manifestantes formaron una barrera humana en ambas viviendas. Tras esto se trasladaron a la sede del BBVA, acreedor de una de las familias. Según Jesús Martín, portavoz de la Plataforma, “Hemos hablado con el director, para decirle que se trata de una injusticia, pero ellos dicen que hay que pagar, que no hay otra”, “Intentamos dialogar; les explicamos que es un derecho constitucional”.

Desde la formación de esta Plataforma el pasado verano se han evitado 16 desalojos en total.

Las fuerzas policiales impidieron que los manifestantes se personaran ante otras entidades bancarias del municipio.

Según palabras de Martín “Lo único que pedimos es que la gente se pueda ir sin deuda; queremos la dación en pago, como funciona en otros países como Francia o Alemania”

Decenas de personas  movidas por la convocatoria de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se agolparon en la puerta del domicilio de Elisa Díaz, Ifeany Emmanuel y su hija de siete años, vecinos de Montcada i Reixac en Barcelona,  para evitar el segundo intento de desahucio de la familia.

No sólo se han agolpado para evitar que las autoridades judiciales sino que han ayudado a la familia a bajar los muebles y enseres personales para que al menos el día que se efectúe el desahucio la familia lleve consigo sus pertenencias.

Elisa e Ifeany compraron el inmueble el pasado 2007 por un valor de 260.000 euros pero en 2009 se quedaron ambos en el paro y no pudieron hacer frente a las cuotas de la hipoteca.

Si sumamos los intereses y las costas judiciales a día de hoy este matrimonio debe más dinero de lo que le costó el piso.

Según el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, las entidades bancarias deberían de aceptar la dación en pago ya que la ley hipotecaria presenta anomalías jurídicas al  permitir que las familias se queden en la calle con una deuda de por vida sobre sus espaldas.

La presión ciudadana ha evitado que la procuradora de la Kutxa y la secretaria judicial llevaran a cabo el desalojo de la vivienda.

El desahucio se ha pospuesto para el próximo día 21 de junio y la secretaria judicial ha comunicado a la familia que la hija menor del matrimonio no debe de estar presente durante la ejecución del desahucio ya que podrían llevársela los servicios sociales.

Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y representantes del movimiento “indignados”, unas 200 personas, se dieron cita ayer frente a la vivienda de los afectados por el desalojo, en el número 257 de la avenida Marquès de Montroig de Badalona para impedir por segunda vez el intento de desahucio de una mujer de 71 años y de su hijo por el impago de la hipoteca, que finalmente se ha aplazado.

Durante el año 2009 el hijo de la dueña de 71 años, viuda y pensionista, disminuyeron ya que un problema de salud le impidió seguir trabajando.

Según la demanda de ejecución hipotecaria presentada por la entidad Cajasol, la deuda asciende a 160.000 euros.

David C., hijo de la anciana, ha expresado hoy su satisfacción ante los medios de comunicación, porque “a última hora de anoche Cajasol pidió al juzgado de Badalona que aplazase el desahucio”.

Tras estar un año y medio en paro a principios de este mes ha vuelto a trabajar y recuerda que el pasado mayo ya se intentó lleva a cabo el desahucio pero como en esta ocasión la presión de los medios y la gente que se movilizó ha hecho que se vuelvan atrás de nuevo.

El hijo de la anciana añade que  ”esto ha sido una victoria, un hito histórico. Por lo pronto estaremos unos días más en nuestra casa, ya que no tenemos donde ir”.

Su madre, María Teresa, que enviudó hace apenas dos años y medio y padece fibromialgia, al saber que de nuevo se había aplazado el proceso de desahucio bajó a la calle y comentó a sus vecinos : “ahora me ha tocado a mí, pero otro día le tocara a otro. Por eso es muy importante la unión y el respaldo de la gente como se ha visto aquí”.

Frente a la vivienda se concentraron además de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, representantes de entidades como la Federación de Asociaciones de Vecinos, Democracia Real y el candidato de ICV-EUiA al ayuntamiento de Badalona, Carles Sagués.