Según datos del Consejo General del poder Judicial aumentaron los procesos de desahucio en un 21% respecto al mismo periodo del año anterior.

Estamos hablando de 16.464 procedimientos en curso en el segundo trimestre de 2011.

Durante el primer trimestre del año los juzgados recogieron 15.546 demandas de desahucio, un 36,8% más respecto al mismo periodo de 2010. Estas cifras hacen pensar que estaremos ante un récord histórico de desahucios en 2011.

En este primer semestre de 2011 se presentaron casi los mismos procedimientos que en la totalidad de 2009.

Sin embargo, según datos del CGPJ, las ejecuciones hipotecarias han pisado el freno desde el inicio de año.

Bajan las ejecuciones hipotecarias

Durante el segundo trimestre de 2011 las entidades bancarias han iniciado 20.505 ejecuciones hipotecarias por impago, un 16,4% menos que en el mismo periodo de 2010.

De enero a junio se llevaron a cabo 42.242 ejecuciones, un 18,96% menos que el primer semestre de 2010.

En cuanto a procesos por comunidades autónomas, Murcia aumentó en un 640% ya que de abril a junio se presentaron 259 procesos mientras que en el mismo periodo de 2010 fueron 35.

Le sigue Extremadura con un 60,3% más, concretamente se solicitaron 117 desahucios frente a los 73 del segundo trimestre de 2010.

Respecto a ejecuciones hipotecarias cayó considerablemente en Madrid, concretamente un 35,1% menos con 2.026 procesos.

Le siguen Andalucía que a pesar de contar con una cifra récord comporta un 2,8% menos respecto al año anterior con 4.299 procesos y la Comunidad Valenciana con 3.909 procesos, un 14,5% menos.

La PAH (Plataforma de Afectados por las Hipotecas) llaman a salir a las calles este domingo para luchar contra los desahucios.

Unas 35 provincias de nuestro país acogerán dicho movimiento social, entre las más importantes Madrid y Barcelona. Con dichas movilizaciones se quiere reclamar la aplicación de la dación de pago, la aprobación de la moratoria de 3 años y la conversión de viviendas de alquiler social aquellas viviendas en propiedad que no puedan pagarse.

Ada Colau, portavoz de la plataforma, explicó esta semana que las movilizaciones quieren concienciar sobre la problemática de cara a la campaña electoral del 20N.

Se espera una participación masiva ya que se está hablando mucho sobre la instauración de la dación de pago.

La manifestación en la capital dará comienzo a las 18.00h recorriendo desde Cibeles a la Puerta del Sol. En Barcelona comenzará a la misma hora en la Plaza Catalunya y recorrerá Via Laietana para acabar en Pla de Palau.

Existen datos alarmantes durante el periodo 2007-2010 llevándose a cabo 300.000 ejecuciones hipotecarias en nuestro país.  La mayoría de las hipotecas que fueron ejecutadas se concedieron por encima del 80% del valor de tasación.

Cabe destacar que la conocida dación de pago ya se contempla en el ordenamiento jurídico español pero sólo es aplicable de manera voluntaria por las entidades bancarias.

El Consejo de consumidores y usuarios piensa solicitar al Gobierno de España que apruebe urgentemente una moratoria hipotecaria de 3 años para paliar los desahucios y poder aliviar las economías familiares más debilitadas.

Según la Asociación Hipotecaria Española en nuestro país el 2,469% de las hipotecas son sensibles a ser impagadas y durante 2010 se ejecutaron 94.000 hipotecas y este escenario es suficientemente grave como para tener en cuenta la petición de moratoria.

En palabras de la presidenta del Consejo de consumidores, Francisca Sauquillo, existen motivos de peso y justificadas para que el Gobierno preste especial atención.

Sauquillo dice que se han mantenido a la espera de los resultados de la comisión que nombró el Congreso de los Diputados y es por esta razón por la que no han solicitado antes estas medidas.

Según la presidenta no solicitan cambio legislativo alguno sino una moratoria de pago aunque no descartan plantear una reforma de la Ley hipotecaria

María José de 53 años y sus dos hijos estaban hoy pendientes de una orden de desahucio por la acumulación de la deuda de 200.000 euros contraída con la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), una de las cajas más afectadas y que intenta conseguir inversores con el fin de evitar su nacionalización.

Uno de los hijos de la propietaria del piso cuenta con una minusvalía del 77% mientras que la otra es una licenciada en paro y sin ingresos algunos por prestación al igual que su madre.

Los únicos ingresos con los que cuentan la familia son 700 euros que provienen de ayudas públicas para el cuidado del hijo de manera que no son suficientes para sufragar la cuota de la hipoteca ya que asciende a 1.200 euros.

Más de cien personas convocadas por la PAH se han agolpado en la puerta del domicilio con el fin de evitar el desahucio. En el piso de María José no se presentó ningún funcionario tan sólo dos miembros de los Servicios Sociales del Samur pero no consiguieron entrar en la vivienda.

Se frena el desahucio por falta de pago

Hacia mediodía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid comunicaba que el Juzgado de Primera Instancia número 31 había decidido aplazar la ejecución sin especificar la fecha del nuevo intento.

María José se dirigió a los presentes desde su ventana y emocionada quiso ”dar las gracias a todos en mi nombre y en el de mis hijos por lo que habéis hecho hoy”.

Según informa el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Eloy Morte, la CAM se “ha negado” a renegociar una forma de pago alternativa y adecuada a la difícil situación económica de la familia de María José.

El abogado de la plataforma “ha pedido la nulidad del alzamiento ya que no existe alternativa habitacional” para esta familia.

La Plataforma reclama la modificación de la Ley Hipotecaria y la instauración de la dación de pago. También se solicitan facilidades para quienes pierdan sus casas por impagos mediante alquileres accesibles.

Un grupo de “indignados” se concentra en la vivienda de una pareja de jubilados que iban a ser desahuciados en la localidad Navarra de Orkoien impidiendo el acceso a la secretaria judicial y consiguiendo el retraso de la ejecución del desalojo.

El movimiento 15M tras conocer el caso se movilizó y convocó una concentración en el domicilio de los afectados para manifestar su repulsa ante un hecho injusto.

Desahucio por falta de pago

A los propietarios del inmueble, pendientes de desahucio por impago, sólo les quedan 35.000 euros por amortizar de los 138.000 euros que les prestó en su día el banco. Si bien su situación económica ha mejorado ya que ambos tienen reconocido el derecho a percibir una pensión de jubilación y a su vez un hijo de la pareja ha ido a vivir con ellos aportando parte de su sueldo.

El movimiento 15M tras conocer el caso se movilizó y convocó una concentración en el domicilio de los afectados para manifestar su repulsa ante un hecho injusto.

Decenas de personas entre activistas y vecinos de los propietarios han conseguido abortar el desahucio y con ello ganar unos meses hasta que se vuelva a intentar el desahucio por la vía judicial.

Según palabras de la portavoz de los activistas “Esto le da a la familia tiempo para conseguir el rescate de la deuda, acabar de pagar el dinero que les queda y comprar su casa”.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció hoy en el debate sobre el estado de la nación, nuevas medidas de protección para aquellos que no puedan pagar la hipoteca y se encuentren ante un proceso de ejecución hipotecaria.

Ha afirmado que las nuevas medidas hipotecarias “serán compatibles con los imperativos de seguridad jurídica y de solvencia de las entidades prestatarias”.

Según Zapatero “el Gobierno es consciente de la coyuntura especialmente difícil a la que se enfrentan las familias que pierden su vivienda y siguen debiendo dinero al banco porque su valor no es suficiente para cubrir lo que resta de hipoteca” pero no ha dado más detalles de las medidas que piensa tomar el ejecutivo.

Gracias a la presión ciudadana se evitó el desalojo de una familia alquilada en un edificio del barrio de Gracia de Barcelona.

La inmobiliaria La llave de oro compró la vivienda hace 10 años y la arrendó al inquilino que era el anterior propietario.

Unas 70 personas se concentraron a primera hora de la mañana en el número 56 de la calle Alegre de Dalt del distrito de Gracia.

Ignasi Cisteró, el inquilino, declara que el juez decidió a última hora del viernes no enviar fuerzas policiales ya que considera “injusto” su desahucio pero debe de cumplir la ley y ordenar el desalojo.

Para el inquilino, que vive con su mujer e hija en el inmueble, se trata de un caso de acoso por parte de la inmobiliaria. Siente una gran impotencia al existir un valor sentimental en la vivienda que perteneció a su familia desde el año 1917 y en ella vivieron sus abuelos, nacieron todos sus hermanos hasta que su madre vendió la casa y se quedaron como inquilinos.

Según palabras del abogado de la familia, Bautista Sotelo, la inmobiliaria La llave de oro se hizo con la vivienda hace una década y tiene proyectada la construcción de varios inmuebles en esta finca y las colindantes.

Dicha construcción se encuentra impugnada por el Plan Especial del Ayuntamiento ya que se concedió a la inmobiliaria construir 3 plantas más bajo cuando en la zona tan sólo se permite 2 plantas más bajo.

Según el abogado de la familia la inmobiliaria se ampara en los artículos 78 y 79 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, que a pesar de varias modificaciones aún siguen vigentes.

En este caso la ley permite a La llave de oro demoler el edificio y construir siempre y cuando se construyan el doble de pisos de los existentes.

El inquilino lleva gastados más de 200.000 euros en una veintena de pleitos, los últimos 100.000 concretamente por costas ya que el Supremo no admitió a trámite una demanda donde solicitaba la opción a compra y que ya perdió en primera y segunda instancia.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) entregará un escrito al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid con decenas de cartas y escritos de personas y organizaciones de apoyo a familias desahuciadas o en riesgo de serlo.

Se darán cita a las 20.00h en la Plaza de Castilla para acompañar a personas que han sido víctimas de estafas hipotecarias y han sido desahuciadas o están en proceso de desahucio para solicitar la paralización de dicho proceso hasta que se resuelva en los juzgados.

Según advierte la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, cientos de personas,la mayoría de ellos inmigrantes, “han sido víctimas con el conocimiento de las entidades bancarias prestamistas en estos años de contratos hipotecarios, con cláusulas abusivas y condiciones abiertamente irregulares, las conocidas como “hipotecas basura”.

La Plataforma considera que se han podido llegar a vulnerar los derechos humanos de manera sistemática de los deudores y se denuncia la indefensión de los propietarios si los procesos de ejecución hipotecaria se llevan a cabo llevando consigo desalojos forzosos.

En este sentido no sólo solicitan la paralización de los procesos de desahucio sino también que se abran investigaciones en torno a las “estafas sistemáticas” para esclarecer los hechos “bajo los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”.

También solicitan la paralización con carácter de urgencia del proceso de desahucio de Anuar, vecino del barrio de Tetuán de Madrid cuya orden de desalojo estaba prevista para la semana pasada y no se llevó a cabo gracias a la presión de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca hizo un llamamiento  para evitar el desahucio de una familia en el distrito de Tetuán en Madrid .

La familia no podía hacer frente a la cuota mensual y se tramitó el procedimiento de desahucio con fecha de hoy.

Junto a la PAH estaban otras organizaciones sociales como el Movimiento 15-M,Democracia Real Ya, ATTAC y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid.

La comisión judicial ha aplazado el desahucio y se ha retirado de la zona ya que el cordón humano formado por los asistentes ha ocupado todo el edificio y parte de la calle.

Según Chema Ruíz, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, “estamos aquí por una cuestión de defensa de derechos humanos y de solidaridad con una familia”

Una vez han conseguido frenar el desahucio su idea era acercarse a la sede del BBVA que concedió en su día la hipoteca a Anwar para exigir la condonación de la deuda.

Al propietario, a pesar de no contar con un respaldo económico, se le concedió un crédito hipotecario para comprar una vivienda de 55 metros en el distrito de Tetuán de Madrid y al poco tiempo perdió su trabajo, para exigir la condonación de la deuda.

Cayo Lara, coordinador de Izquierda Unida, ha acudido a título personal como “ciudadano” y ha sido abucheado y tachado de oportunista, sin embargo, otras personas gritaban “Cayo, amigo, la izquierda está contigo” mientras que el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Chema Ruíz, ha asegurado que Lara “ha estado” con ellos “desde el principio, cuando nadie hacía caso”.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) desplazó a un centenar de personas a San Javier (Murcia) para frenar los desalojos de dos familias.

Ambas familias son de origen marroquí y se encuentran en paro. Una de las familias tiene dos hijos menores, de 5 y 12 años.  El demandado de la otra familia se encuentra en estado de baja médica con una discapacidad del 41%.

Según fuentes de la Plataforma, uno de los afectados pagaba una cuota de 700 euros cuando cobraba 1.100 euros mensuales lo que se traduce en más del 60% de los ingresos familiares.

En ambos casos se impidió a los funcionarios del juzgado y acreedores de las entidades bancarias llevar a cabo el desalojo. Más de un centenar de personas se encontraban apostadas ante las casas con pancartas.  A petición de los acreedores de los bancos se personó la Policía Local y la Guardia Civil pero sólo pudieron recoger en el acta la imposibilidad de llevar a cabo el desalojo.

Sin recurrir a la violencia los manifestantes formaron una barrera humana en ambas viviendas. Tras esto se trasladaron a la sede del BBVA, acreedor de una de las familias. Según Jesús Martín, portavoz de la Plataforma, “Hemos hablado con el director, para decirle que se trata de una injusticia, pero ellos dicen que hay que pagar, que no hay otra”, “Intentamos dialogar; les explicamos que es un derecho constitucional”.

Desde la formación de esta Plataforma el pasado verano se han evitado 16 desalojos en total.

Las fuerzas policiales impidieron que los manifestantes se personaran ante otras entidades bancarias del municipio.

Según palabras de Martín “Lo único que pedimos es que la gente se pueda ir sin deuda; queremos la dación en pago, como funciona en otros países como Francia o Alemania”