BBVA anuncia, a través de su presidente Francisco González, que se suma al Código de Buenas Prácticas. Con ello, ya son  dos los grandes bancos que acogen de forma voluntaria las medidas sugeridas por el Gobierno para paliar los efectos de los desahucios inmobiliarios.

Si bien el presidente de la financiera española precisa que BBVA ya venía trabajando con cerca de 100.000 familias para ayudarles en la difícil situación de sus impagos crediticios.

El Código de Buenas Prácticas contempla una serie de medidas que el Gobierno “sugiere” que los bancos adopten en cuanto a las familias con problemas para resolver el pago de sus hipotecas. Es la respuesta de la administración de Mariano Rajoy a las peticiones para adoptar la figura de la dación el pago. El recurso de entregar la casa para terminar con la deuda contraída a través de una hipoteca (como ocurre en los Estados Unidos), sin embargo, sólo se acepta como último recurso, ya que antes de ello las familias deudoras pueden acogerse a refinanciaciones, periodos de carencia o quitas de parte del capital pendiente.

Francisco González, presidente de BBVA, ha esperado a una junta de accionistas para hacer el anuncio. Momento que también aprovechó para puntualizar que el BBVA está listo para proporcionar nuevamente crédito a familias y empresas que lo necesiten.

Algo que, en el contexto actual, donde cada vez que habla de financiación el gobierno se llena la boca con la palabra “solvente”, es algo realmente novedoso.

Santander se convierte en el primer gran banco que se suma al llamado “código de buenas prácticas” para frenar el número de desahucios entre las familias españolas, y con ello se suma a Cajamar y al grupo CRM.

Este código implica la aceptación de la dación en pago entre otras formas de disminuir el impacto de los impagos en la vida de las familias afectadas.

Santander ya había lanzado una moratoria desde el verano pasado. Según el banco, esta medida ha brindado soluciones a 9.820 familias con hipotecas por una cantidad total de 1.634 millones. Esta moratoria permite a las familias un aplazamiento hasta de tres años en el pago de su hipoteca, sin que varíen sus condiciones.

La tercera banca del país da así el espaldarazo al código lanzado por el gobierno, y que supone la adhesión voluntaria de las financieras a un paquete de medidas para ayudar a las familias deudoras en riesgo de exclusión. Santander es el primer gran banco que pasa por encima de las primeras reticencias manifestadas por la banca antes de que se lanzase el Real Decreto.

Las medidas contempladas en este código están dirigidas a familias con todos sus miembros en pago y que destinan más de un 60% de sus ingresos al pago de la hipoteca de una primera vivienda.

Antes de la dación en pago se consideran otras alternativas que van desde la refinanciación hasta la supresión de la quinta parte de la deuda pendiente, con opciones a la extensión de plazo de la hipoteca. La dación en pago se considera como último recurso.

Aún no se resuelve la forma en que se va a aplicar la “dación en pago” (de momento sólo es una solución que los bancos pueden o no tomar, y sólo en el caso de familias por debajo del umbral de la pobreza y si están por perder su primera vivienda), y los responsables de las financieras ya lanzaron su primer reclamo, en una capacidad de reacción que ya quisieran los revoltosos indignados…

La propuesta lanzada por el Ministro de Economía y Competitividad incluye que los bancos que acepten la dación en pago reciban a cambio algunas compensaciones fiscales. Sin embargo, esto no es suficiente para la banca (si bien no se han establecido ni los montos ni los conceptos de estos descuentos), y pide más.

Los bancos quieren que en el caso de que acepten la casa del deudor como recurso para agotar su deuda hipotecaria, el banco reciba también compensaciones sobre las costas e impuestos que acarrea el proceso de ejecución hipotecaria:  gastos de registro, administrativos y de otro tipo… El más oneroso de ello incluido: el pago del impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO), que llega en algunas comunidades al 7% del valor de la vivienda.

Los bancos, además, piden que en los casos que el dueño del inmueble permanezca como inquilino en la casa embargada (pagado un alquiler) sea avalado por el ICO, y que no opere la aspiración del Gobierno de que las financieras aporten una parte de la diferencia del valor de subasta el inmueble y su valor de tasación inicial.

Por estos días de hablaba de las medida espaciales que el Gobierno iba a proponer para acabar con la desmedida aplicación de desahucios (300 al día, y con cerca de 200.00 familias con esa amenaza a la puerta). El día de hoy, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que la polémica figura de la dación de pago entrará en vigor en España, aunque de una manera muy parcial.

Según ha precisado el día de ayer Guindos, el Gobierno va a permitir acogerse a la dación en pago (esto es: la entrega de una vivienda para saldar la hipoteca), pero solamente a las familias que se encuentren debajo del umbral de la pobreza, en el paro y si el inmueble en cuestión es su primera vivienda.

La dación en pago será un recurso al que podrán acogerse, pues, sólo aquellas familias

1) con todos sus miembros en paro

2) sin ingresos adicionales para afrontar el pago de sus hipotecas

3) en el caso de primera vivienda

Aunque al anunciar la medida, Luis de Guindos hablo en términos muy humanos (“La dación en pago debe ser una excepción, pero la triste realidad es que algunas viviendas que entregan las familias es el único activo que tienen”), la forma en que se ha instrumentado (nos parece) va más avocada a evitar “los abusos” de las deudores que a evitar o frenar los abusos de la banca.

Dentro de las medidas anunciadas para frenar los desahucios, también se establece que las familias que se puedan acoger a la dación de pago puedan vivir hasta dos años en su casa ante de entregarla…

Debido a adeudos impagos, cerca de 510.000 familias van a perder sus casas en ejecuciones hipotecarias en los tres años próximos. Según proyecciones de la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES) el desempleo creciente y la situación económica van a orillar a otra oleada de desahucios.

Según AFES, más de medio millón de familias van a perder sus hogares en procesos de ejecución inmobiliaria entre 2012 y 2015, en embargos que van a significar pérdidas para el sistema bancario de 34.000 millones de euros.

La AFES estima que sólo en el 2012, En 2012, cerca de 135.000 familias se verán sometidas a la ejecución hipotecaria. Embargos que a la banca le van a significar pérdidas de 18.000 millones de euros.

Pérdidas que además de su cuantía económica significan un aumento del riesgo reputacional de la banca y una bajada pronunciada del mercado inmobiliario.

La cifra de desahucios proyectados para este 2012 casi iguala la de los tres años anteriores: entre 2008 y 2011, 150.000 familias vieron embargada su vivienda. Las ejecuciones hipotecarias significaron una pérdida para la banca de 8.000 millones de euros en este periodo.

Según AFES, el gran reto del nuevo gobierno es la reactivación del mercado inmobiliario, y señala como una medida a ese respecto la atención de la mora del sector a través de las ejecuciones hipotecarias.

El debate sobre la pertinencia de la dación en pago y de la sobretasación de la vivienda está abierto. El futuro de más de medio millón de familias españolas está en el aire.

Parla ha aprobado la creación de una comisión para frenar los desahucios. Aunque el ayuntamiento de la localidad madrileña carece de facultades para frenar los desalojos debido a ejecuciones hipotecarias, Parla ha creado una comisión para estudiar medidas que los frenen y presionar al gobierno central para que reforme la ley hipotecaria, incluyendo a la dación en pago como mecanismo para saldar deudas en su totalidad.

La moción fue presentada por Izquierda Unida, y aprobada en su conjunto por el pleno del Ayuntamiento. La Comisión contará con la participación de vecinos de Parla afectados por la situación que se vive en el ámbito hipotecario.

Fuentes del Ayuntamiento parleño han precisado el alcance de esta comisión: el ayuntamiento carece de carece de competencias para frenar posibles desahucios ordenados por la autoridad judicial. Ello no impide que la comisión ayude a las familias afectadas por un desahucio con asesoría jurídica y actuaciones para facilitar su pronto realojo.

Además de esta asesoría y auxilio a los afectados por una ejecución hipotecaria, la comisión del Ayuntamiento parleño va a presionar al Gobierno central para que apure una modificación de la regulación hipotecaria.

Esta modificación tendría como centro la protección de la familias deudoras, y estaría basado ante todo en la aceptación de la dación en pago.

La figura de la dación en pago operaría en los casos que se embarga una residencia habitual: de ser así, el banco ejecutaría la hipoteca para quedarse con la vivienda, pero asumiendo con que la entrega del inmueble cubre la totalidad de la deuda.

Según un estudio reciente, del 2007 a la fecha, cerca de 150.000 familias han perdido su vivienda debido a ejecuciones hipotecarias. Una cifra que, según este mismo estudio, va a elevarse hasta 510.000 familias hacia el 2020. A este drama se suman otros dos. Por una parte, la deuda de estas familias no se termina con la entrega de las casas. Por la otra, la banca, lejos de ganar con estos embargos y las costas posteriores de recuperación de deudas, pierde una cuantiosa inversión.

Según estimaciones de la banca, el negocio hipotecario va a significar perdidas por encima de los 340.000 millones de euros en los próximos años, debido a pagos y costas asociadas a ejecuciones y recuperación de deudas sobre créditos para la vivienda.

A pesar de que la banca va a recuperar más de 18.000 millones de euros con las ejecuciones hipotecarias, va a perder casi el doble de esa cantidad en el proceso.

Ante el ridículo de esta paradoja, se abre un espacio para traer de nueva cuenta el debate sobre la dación en pago.

Con la dación en pago, se considera que la deuda hipotecaria queda saldada (sea cual sea su saldo pendiente) con la entrega de la casa. Es un tipo de ejecución hipotecaria vigente en los Estados Unidos, y que se considera brutal: despojar a una persona de su casa… Sin embargo, la deuda se salda.

En España el encono de los bancos (que usan todos los métodos a su alcance para recuperar lo que consideran su dinero) ha demostrado ser ineficiente: multiplica el drama de los deudores, limita su viabilidad… Y es inútil para la banca.

La Comunidad de Madrid está preparando la Ley de Transparencia de Contratación Hipotecaria, que prevé multas de hasta 600.000 euros para las entidades financieras que no sean claras en sus contratos de hipotecas. El obejtivo es garantizar la transparencia a la hora de firmar un préstamo hipotecario. Para ello, y para proteger tanto a los consumidores como a los avalistas, exigirán que los bancos y cajas proporcionen una información veraz, concreta, clara y sencilla sobre las condiciones del crédito y las obligaciones del consumidor si firma el contrato.

Hipotecas sin letra pequeña

La información que deberá proporcionar la entidad financiera antes de formalizar el contrato deberá ser especialmente específica en cuanto a sus implicaciones financieras: tipo de préstamo que se otorga, el importe total estimativo, si se aportan garantías y cuáles (sólo la vivienda hipotecada -dación en pago- o también el resto de bienes del comprador), etc. Y todo ello redactado de manera comprensible y con “el tamaño de letra apropiado para facilitar su lectura”, ha comentado el Vicepresidente de la Comunidad y Consejero de Cultura y Deporte, Ignacio González.

En realidad, lo que pretende la ley es que el consumidor sepa exactamente lo que está firmando. Por eso, en el caso de no porporcionar dicha información previa, que no coincida con el posterior contrato a firmar o que no se facilite la oferta vinculante (tipos de interés, etc.) del banco al consumidor, la entidad será castigada con multras de 15.000 a 600.000 euros según la gravedad.

Jaume Ribera, presidente de la entidad, se muestra abierto a aplicar la dación en pago en casos de impago de hipoteca.
El presidente de Unimm asegura que “la dación en pago, en algunos casos, se tiene que poder considerar” no obstante señala que esta fórmula presenta una problemática ya que habrá una parte de deuda que quedará sin saldarse y habrá que ver cómo afecta a las entidades financieras.
Refiriéndose a la propuesta de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) afirma que “Hay que ir con mucho cuidado con lo que legislamos .No se puede acordar una solución genérica y llegar al café para todos.”
ILP propone en su iniciativa la aprobación de la dación en pago y que con la entrega de la vivienda se considere saldada la deuda.

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados votará mañana las enmiendas a la Ley de Contratos del Crédito al Consumo, entre ellas una destinada a regular las cláusulas que fijan un suelo (o interés mínimo hipotecario) en las hipotecas pero no un techo (o interés máximo); o cuando sí se fija un techo pero es desproporcionada respecto al suelo fijado.

Esta enmienda destinada a prohibir la aplicación de ciertas cláusulas abusivas, presentada por ERC-IU-ICV, es una larga demanda de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae). La asociación ha cosechado varias sentencias favorables contra estas prácticas abusivas por los tribunales. De hecho, Adicae aún tiene pendiente de tramitación una demanda colectiva  de más de 17.000 familias contra 45 entidades financieras por la aplicación de estas cláusulas en las hipotecas.

En palabras de ERC-IU-ICV, la enmienda pretende legislar sobre cláusulas que no contemplan “reciprocidad entre los derechos, obligaciones e intereses de las partes” en los contratos de crédito al consumo, pues son “impuestas por las entidades financieras sin que el usuario haya recibido la oportuna información” y generan un “desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes”. Por ello, proponen “delimitar los supuestos” donse se pueda aplicar: no sólo deberá existir también una cláusula techo (o tope tope para las subidas de la cuota hipoecaria), sino que el límite a la bajada de tipo no podrá ser mayor al 40% del valor del índice de referencia aplicable en el momento de la contratación del crédito, y tampoco podrá haber más de 4 puntos de diferencia entre los porcentajes de suelo y techo.

Además, el Congreso ha llegado a un acuerdo para constituir una subcomisión que estudie a partir de junio el resto de las prácticas abusivas en las hipotecas. La subcomisión tendrá seis meses para presentar un informe al Congredo de los Diputados y al Gobierno. Durante este tiempo, los grupos recibirán a puerta cerrada a representantes de todas las partes implicadas en una serie de comparecencias a puerta cerrada. Uno de los focos de la discusión será el plateamiento de la dación en pago como única garantía hipotecaria, lo cual permitiría saldas una deuda entregando la vivienda al banco o caja que concedió el préstamo. Algo que PP y PSOE consideran un riesgo por el grave impacto que supondría para el sistema financiero.