Una de las razones para alegrarse por la bajada del Euribor es que conlleva una bajada de los intereses que pagamos por una hipoteca. El descenso en lo que se paga depende de varios factores: el diferencial que impone el banco, el plazo en el que realiza la revisión de la hipoteca (si es anual, los beneficios de la bajada del Euribor no se harán efectivos hasta que se realice y se establezca el nuevo interés que rige sobre la hipoteca), y las cláusulas suelo.

De hecho, las cláusulas suelo han demostrado ser el más efectivo remedio para que la banca palié los efectos de la bajada de los tipos de interés. Una cláusula suelo es aquella que impide que una hipoteca pague intereses por debajo de los establecidos en el contrato.

En muchos casos, la desvalorización del Euribor ha llevado a numerosas hipotecas por debajo de este límite, y sus titulares están obligados a pagar un interés mayor.

Según cifras del Banco de España hay 3.834.095 contratos de hipoteca con cláusulas suelo.

Según ADICAE, la media de suelo aplicado por las entidades bancarias es del 3,56%. Cerca de 4 millones de hipotecas en España no van a pagar un interés por debajo de esa media, marque lo que marque el Euribor.

Gracias a las cláusulas suelos, los bancos se han embolsado 7.000 millones de euros desde el 2008, cuando el Euribor comenzó a perder fuelle.

ADICAE recomienda la demanda agrupada (entre varios afectados) para que los juzgados dejen sin efecto el suelo hipotecario.

La ampliación de la demanda de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) contra 56 entidades más a las que acusa de aplicar cláusulas suelo abusivas en los préstamos hipotecarios ha sido admitida a trámite por el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid. En total, la demanda engloba ya a 101 entidades financieras.

15.598 particulares se han sumado ya a la demanda colectiva, 14.618 a través de Adicae y 980 mediante el bufete de abogados Unive o de forma particular. La juez Míriam Iglesias amplía ahora el plazo a dos meses más para que otros afectados puedan adherirse a la demanda. Según Adicar, son 3,8 millones de personas en España las que sufren cláusulas abusivas de este tipo en sus hipotecas.

La demanda pide anular las cláusulas suelos abusivas

Los afectados pretenden conseguir la anulación de las cláusulas suelo aplicadas en el contrato de sus hipotecas, por considerar desproporcionada la diferencia entre el interés-suelo y el interés-techo de las mismas. Solicitan, además, que le sean devueltas las cantidades ya pagadas a resultas de estas condiciones que califican de abusivas.

Lo cierto es que las cláusulas suelos, que fijan un mínimo en el porcentaje de intereses a pagar por el préstamo hipotecario, han evitado que muchos usuarios se beneficiaran del descendo del euribor de los dos últimos años. El índice del euribor sirve como principal referencia para calcularlas cuando son a un tipo de interés variable. Adicae afirma que en un 40% de las hipotecas la cláusula suelo es del 3,5% y otro 43% la tienen entre el 3% y el 3,5%. En todo caso muy por encima del euribor actual, que en agosto por ejemplo cerró al 2,087%.

Los usuarios afectados también pretenden que la juez decida cautelarmente prohibir que estas entidades incluyan esta cláusula en las hipotecas hasta que se dicte sentencia firme. De momento, la juez ha trasladado la petición al Ministerio Fiscal para que se pronuncie al respecto.

Listado de entidades financieras demandadas

En la primera demanda de Adicae estaban denunciadas las siguientes entidades: Banco de Galicia, Banco Gallego, Banco Guipuzcoano, Banco Pastor, Banco Popular, Banco Vasconia, BBVA, CAI, Caixa destalvis de Catalunya, Caixa Galicia, Caixa Girona, Caixa Manresa, Caixa Nova, Caixa Ontinyent, Caixa Penedès, Caixa Rural de Balears, Caixa Sabadell, Caixa Tarragona, Cajalón, Cajamar, Caja Badajoz, Caja Canarias, Caja Castilla La Mancha, Caja Círculo Católico de Obreros, Caja Duero, Caja España, Caja General de Ahorros de Canarias, Caja Granada, Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caja Rural de Asturias, Caja Rural de Cuenca, Caja Rural de Granada, Caja Rural de Navarra, Caja Rural del Sur, Caja Segovia, Caja Sol, Caja Sur, Caja de Ahorro de Extremadura, Celeris Servicios Financieros, Caja de Arquitectos, Credifimo, Ipar Kutxa, Multicaja, Sabadell Atlántico y Unicaja.

Las nuevas entidades demandadas son: Banca March, Banco Caminos, Banco Zaragozano, Caixa de Guissona, Caja de Burgos, Caja Rural de Castellón, Caja Rural de Burgos, Caja Rural Galega, Caja Rural de Tenerife, Kutxa, Banca Pueyo, Banco Castilla, Bancofar, Caixa dels Advocats, Caja Guadalajara, Caja Rural Central, Caja Rural de Canarias, Caja Rural Jaén, Caja Rural Teruel, La Caixa, Banco Andalucía, Banco de Asturias, Caja Campo, Caja Rioja -nueva DDA-, Caja Rural Ciudad Real, Caja Rural de Toledo, Caja Rural San Vicente Ferrer, Cajastur, Banco Balear de Crédito, Banco Popular-E, Banesto, Caja Cantabria, Caja Rural Betxi, Caja Rural Córdoba, Caja Rural Extremadura, Caja Rural Soria, Cooperativa Crédito Valenciana, Caixa Rural de Torrent, Banco Etcheverria, Caja Rural de Casinos, Caixa D’Estalvis de Terrassa –ahora denominada Caixa D’Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell, Terrassa, UNNIM, Caja Rural de Albacete S.C.C., Caja Rural de Zamora, Caja Laboral Popular, Caja Rural del Duero –hoy Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito-, Banco Popular Hipotecario, Caja de Ahorros de Murcia, Banca Catalana –actualmente BBVA-, Banco de Comercio –ahora BBVA-, Caja Rural de Huesca –hoy Caja Rural Aragonesa y de los Pirineos-, Caja Rural de Sevilla –en la actualidad Caja Rural del Sur, Banco Herrero –ahora Banco de Sabadell-, Caixa de Ahorros de Vigo –hoy Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra, Novacaixagalicia-, Caja Almendralejo, Sabadell Banca Privada y Caja Rural del Mediterráneo.

Según la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros  (Adicae), las medidas propuestas por el Gobierno para paliar los problemas de los hipotecados son un engaño ya que no suponen ayuda alguna para las familias.

Concretamente critica que la medida de subir el suelo inembargable hasta los 960 euros no supone una solución ya que quienes se beneficien de esa medida ya han sido desahuciados precisamente por carecer de ingresos para sufragar sus créditos.

De este modo además de haber sido embargados conservan la deuda y añade que en estos casos no se contempla la salida de los avalistas que también seguirán siendo susceptibles a embargos.

Moratoria de tres años para no poder embargar pisos

La asociación habló con “ironía” de la solución del gobierno de elevar del 50 al 60% del valor de tasación la cuantía a la que el banco puede adjudicarse la vivienda en caso de impago ya que no solucionará la situación de los embargados.

Propone como única medida la moratoria de tres años de los embargos hipotecarios como se ha llevado a cabo en Estados Unidos o Hungría.

Tras el anuncio del José Luis Rodríguez Zapatero de abrir un debate para tomar medidas relacionadas con las tremendas consecuencias sufridas por las familias que no pueden pagar sus casas vino la decepción. Dichas medidas de las que hablaba ZP no son más que el aumento de la cantidad inembargable a los que ya hayan perdido su vivienda.

Según el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, se trata de una medida “decepcionante”.

Pardos afirma que esta propuesta sólo sirve para “ayudar a la Banca a que te siga cobrando toda la vida y se alargue más el plazo de la deuda después de haberte expulsado de tu vivienda”.

Paralización de los embargos

Ante esta “decepción” ADICAE pretende proponer al Presidente del Gobierno y al resto de grupos parlamentarios la solución, a su juicio, más eficaz ante la gravísima situación que viven las familias hipotecadas para hacer frente a los pagos. Dicha solución se basa en “paralizar los embargos de forma inmediata, durante tres años”, tomando como ejemplo las medidas tomadas por Obama ante las conocidas “hipotecas subprime”que afectaban a 10 millones de familias en los Estados Unidos. Las medidas del presidente de los Estados Unidos consistieron en parar los embargos con una moratoria y pactar los intereses con aportaciones de la Reserva Federal y de la Banca.

ADICAE calcula que con cifras entre los 300 y 500 millones de euros se podrían parar todos los desahucios y “acabar así con un drama y una injusticia que resultaría favorable para la economía”.

Según datos publicados por ADICAE se han producido ya unos 300.000desahucios y se prevén otros tantos hasta 2012, “un drama social que se tendría que haber impedido hace tiempo, por lo que no cabe otra solución que paralizar los embargos y terminar con esta banca “abusiva e injusta”. Manuel Pardos, insta al Gobierno a escuchar las propuestas en materia hipotecaria de la asociación presentadas por varios grupos parlamentarios y que hasta ahora habían sido rechazadas por el Ejecutivo.

La Asociación de Usuarios, Bancos, Cajas y Seguros ha pedido a los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales medidas para hacer frente a los problemas hipotecarios a los que se enfrentan los ciudadanos.

Adicae ha acusado a los partidos políticos de mostrar “indiferencia” y “pasividad” ante estos graves problemas en sus programas electorales de las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo.

Desde el pasado mes de febrero, la asociación ha remitido sus propuestas a 259 candidaturas y ha mantenido más de un centenar de reuniones con 17 partidos  políticos distintos, consiguiendo que 20 programas recojan algunas de sus propuestas y que 66 candidaturas incorporen determinadas reivindicaciones.

Las propuestas de la Asociación van desde la paralización de embargos hipotecarios por parte de las entidades bancarias que hayan optado a la financiación pública del FROB como también la regulación de la dación del inmueble en pago al préstamo solicitado y que en los procedimientos de ejecución se mantenga la tasación inicial de la vivienda.

Por otro lado proponen que en el caso de vivienda protegida cuando los propietarios no puedan hacer frente al pago se reconvierta en vivienda de alquiler con condiciones asumibles para los ocupantes.

En cuanto a los ciudadanos que ya han sufrido un embargo y desalojo, que no tengan más bienes y sus rentas sean inferiores a 20.000 euros anuales, ADICAE solicita que sean realojados en las casas que forman parte de la bolsa de vivienda para alquiler, en inmuebles propiedad del ayuntamiento o de la comunidad autónoma, etc.

Asimismo solicitan incluir como “abusiva” la cláusula suelo y la aprobación de una ley que establezca “mecanismos de información, prevención y mediación” ante situaciones de insolvencia de las familias endeudadas y también la creación de un fondo de ayudas para éstas.

Además reclama ampliar y mejorar el acceso a la vivienda digna, con una financiación justa y sin condiciones abusivas, así como fomentar el alquiler social de vivienda.

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) va a poner en marcha en Internet el observatorio de problemas y abusos hipotecarios que permitirá la creación de una red que alerte sobre las prácticas abusivas que practican algunas entidades financieras en materia de hipotecas.

Según el presidente de la asociación, Fernando Herreros, una de las prácticas más habituales son las llamadas cláusulas suelo que no permiten a los hipotecados beneficiarse de las bajadas del Euribor por debajo de un determinado índice.

Tras las convenciones organizadas por la organización de consumidores se llegó a la conclusión de crear dicha red para compartir y analizar los problemas hipotecarios a los que se exponen los consumidores y qué soluciones tienen.

Herreros destacó la necesidad de encontrar soluciones al sobreendeudamiento de las familias y la reforma de la Ley Hipotecaria para que la entrega de la vivienda sirva para saldas la deuda contraída con la entidad bancaria.

También han decidido impulsar que los usuarios que han sufrido el embargo de sus inmuebles verifiquen que la entidad bancaria que lo subastó no obtuvo ningún beneficio por ello

La asociación ha exigido la paralización inmediata de los embargos por parte de cajas y bancos que participan en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Según ADICAE este año se ejecutarán más de 123.000 hipotecas que han de sumarse a las 274.346 realizadas entre los años 2007 y 2010.

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados votará mañana las enmiendas a la Ley de Contratos del Crédito al Consumo, entre ellas una destinada a regular las cláusulas que fijan un suelo (o interés mínimo hipotecario) en las hipotecas pero no un techo (o interés máximo); o cuando sí se fija un techo pero es desproporcionada respecto al suelo fijado.

Esta enmienda destinada a prohibir la aplicación de ciertas cláusulas abusivas, presentada por ERC-IU-ICV, es una larga demanda de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae). La asociación ha cosechado varias sentencias favorables contra estas prácticas abusivas por los tribunales. De hecho, Adicae aún tiene pendiente de tramitación una demanda colectiva  de más de 17.000 familias contra 45 entidades financieras por la aplicación de estas cláusulas en las hipotecas.

En palabras de ERC-IU-ICV, la enmienda pretende legislar sobre cláusulas que no contemplan “reciprocidad entre los derechos, obligaciones e intereses de las partes” en los contratos de crédito al consumo, pues son “impuestas por las entidades financieras sin que el usuario haya recibido la oportuna información” y generan un “desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes”. Por ello, proponen “delimitar los supuestos” donse se pueda aplicar: no sólo deberá existir también una cláusula techo (o tope tope para las subidas de la cuota hipoecaria), sino que el límite a la bajada de tipo no podrá ser mayor al 40% del valor del índice de referencia aplicable en el momento de la contratación del crédito, y tampoco podrá haber más de 4 puntos de diferencia entre los porcentajes de suelo y techo.

Además, el Congreso ha llegado a un acuerdo para constituir una subcomisión que estudie a partir de junio el resto de las prácticas abusivas en las hipotecas. La subcomisión tendrá seis meses para presentar un informe al Congredo de los Diputados y al Gobierno. Durante este tiempo, los grupos recibirán a puerta cerrada a representantes de todas las partes implicadas en una serie de comparecencias a puerta cerrada. Uno de los focos de la discusión será el plateamiento de la dación en pago como única garantía hipotecaria, lo cual permitiría saldas una deuda entregando la vivienda al banco o caja que concedió el préstamo. Algo que PP y PSOE consideran un riesgo por el grave impacto que supondría para el sistema financiero.

El diario El País recoge hoy la denuncia de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de un caso especialmente dramático de la supuesta intimidación por parte de las entidades financieras a una familia en paro que no pueden pagar su hipoteca. No es sólo que, si no pagan, perderán la vivienda. La hermana del afectado, Blanca, que fue quien le avaló, dice que la llaman a todas horas diciéndole que “nos lo quitarán todo, hasta lo que mi familia pueda tener en Ecuador”. Ella misma denuncia que, cuando se ha retrasado en el pago de su propia hipoteca de 1.000 euros mensuales (cobra 1.200 al mes), la amenazan con incluirla en la lista de morosos, embargarle la nómina e incluso de que perderá la custodia de sus hijos si pierde la vivienda.

Estas intimidaciones las constatan las uniones de consumidores, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) y hasta exempleados de banca. Pero como ellos mismos reconocen, es muy difícil probarlas. Se suelen hacer desde teléfonos irreconocibles, nunca por escrito. Algunas entidades delegan los casos de morosidad a compañías que gestionan deudas, y hasta hay bancos que pasan los créditos dudosos a agencias de recobro para así reducir sus índices de morosidad. Actúan de forma ilegal porque no respetan la ley de protección de datos y actúan con total impunidad, llaman de madrugada a familiares, buscan la vergüenza, el escarnio de gente que ya está viviendo un drama”, afirma el secretario general en Cataluña de Adicae, Jofre Ferrés.

La PAH y otras siete entidades presentarán hoy en Barcelona la puesta en marcha de una iniciativa legislativa popular para reformar la ley hipotecaria. Como consecuencia también de la crisis, en muchas ocasiones los bancos no recuperan el valor de adeudado con la ejecución del piso porque el inmueble fue sobrevalorado, responsabilidad que entidades y tasadoras trasladan al mercado y en última instancia a los consumidores. Para defenderlos, varias asociaciones y partidos políticos plantean la dación en pago; es decir, que entregando la vivienda quede saldada la deuda hipotecaria. De hecho, hoy se debate en el Parlament catalán una iniciativa de ICV, ERC y Ciutadans en este sentido.

El grupo parlamentario IU-ICV presentó ayer una proposición de ley a favor de la reforma de la actual Ley Hipotecaria para que esta contemple la liquidación de la deuda hipotecaria mediante la entrega del piso – conocido como la dación de pago – así como la prohibición de cláusulas abusivas en los contratos de las entidades financieras. Hace dos días Adicae denunciaba que miles de clientes están pagando un tipo de interés un 250% superior al que correspondería legalmente debido a las “cláusulas suelo”, que en la mayoría de casos supera el 3,5%, alcanzando incluso el 5%, sin poderse beneficiar del bajo nivel del Euribor.

PSOE, PP y algunos grupos nacionalistas con representación parlamentaria salvo el BNG, mostraron el rechazo a la reforma alegando que esta vulnera las competencias de las comunidades autónomas en esta materia. Este rechazo se produce el mismo día que el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sabadell (Barcelona) pidiera que interviniera el Tribunal Constitucional en este asunto. El miedo a que se disparen los embargos en 2011, como así prevén diversos organismos, se manifiesta en el auto del juez Guillem Soler, que recuerda la legislación debe adaptarse a las condiciones sociales y económicas actuales y critica las prácticas de las entidades bancarias por abusivas.

Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite una demanda de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) con 400 afectados contra las cláusulas suelo que 45 entidades financieras llevan aplicando a las hipotecas que conceden.

¿Qué es una cláusula suelo?

Supongamos que cuando contratamos una hipoteca, firmamos unos tipos de interés del Euribor más un cierto diferencial. A pesar de que la suma del Euribor y el diferencial sean, por ejemplo del 2,5%, puede existir una cláusula en nuestro contrato que nos obligue a pagar un determinado “suelo”, es decir, un mínimo de, por poner una cifra, el 3%. El “suelo” que se establece acostumbra a coincidir con el Euribor más el diferencial del momento de la contratación y según las entidades bancarias esta es una práctica habitual que se aplica para que los bancos y cajas sigan cobrando lo mismo. El mayor inconveniente es que los usuarios no pueden disfrutar de una bajada del Euribor, ya que siempre se verán dispuestos a pagar un mínimo.

Desde ADICAE se calcula que gracias a este tipo de cláusulas la banca se ha embolsado entre 3.500 y 7.000 millones de euros. Por ello, piden suprimir la inclusión de esta cláusula en los préstamos hipotecarios. El Tribunal ha dejado abierto un plazo abierto de dos meses para que más afectados puedan unirse a esta demanda.