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PACTO ENTRE LA FEMP, PROMOTORES Y SINDICATOS POR LAS VPO

Según informa Europa Press, La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha firmado un acuerdo junto con promotores públicos y privados y los sindicatos mayoritarios, para promover un Pacto Nacional por la Vivienda, con el objetivo de que no se paralice la actividad en el sector de la construcción, garantizar el empleo así como el acceso de los colectivos más desfavorecidos a una vivienda.

Pedro Castro, presidente de la FEMP, Fernando Serrano y Manuel Fernández “Lito”, secretarios generales de Fecoma-CCOO y MCA-UGT respectivamente, Guillermo Chicote, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) y Francesc Villanueva, presidente de la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS). Han sido los firmantes de este manifiesto en pro de la vivienda y el empleo.

El presidente de la FEMP ha afirmado que, con el acuerdo, se garantizará la construcción de 150.000 Viviendas de Protección Oficial (VPO) durante el año 2008 y ha añadido que esta cifra se puede ampliar a las 200.000 viviendas. Esta cantidad, sumada al promedio de 100.000 VPO que se han construido en los últimos años, haría un total de entre 250.000 y 300.000 inmuebles destinados a VPO.

Castro ha dicho, igualmente, que los principales ayuntamientos han mostrado su disposición a ceder suelo para llevar a cabo estas construcciones, y ha apuntado que el siguiente paso a dar sería el de incluir en el pacto al Ministerio de Vivienda que será el encargado de las subvenciones así como de incorporar al acuerdo a aquellos bancos y cajas que se harán responsables de canalizar la financiación.

En cuanto a la distribución de las viviendas a construir, el presidente de la FEMP ha señalado que se “sumará” el suelo público de todas las comunidades autónomas y así, una vez establecidas las necesidades de vivienda de cada una de ellas, se decidirá cuántas (de las 200.000 VPO) corresponderán a cada región de España, estableciendo unos “cupos” para ello.

También ha garantizado que las administraciones autonómicas contarán con un órgano de fiscalización para llevar a cabo el seguimiento del proceso, por lo que se podrán ir añadiendo “elementos de corrección” ya sea en forma de decretos, o por modificación de la legislación, todo ello encaminado a cumplir los objetivos previamente marcados.

Los promotores, por su parte, piden rentabilidad, así como los sindicatos estiman que, con este acuerdo, “se solucionará el problema del empleo en la construcción” aunque habrá que seguir trabajando en la lucha contra el empleo precario.

  Mar Criado

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