Apenas ratificada la semana pasada, la reforma financiera (o “saneamiento financiero”) decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy, no parece convencer a nadie fuera de la administración.

Las razones: se considera que se centra excesivamente en el sector inmobiliario.

Los argumentos del gobierno: según la camarilla económica de la administración actual, al sanear los activos y pasivos, y las saldos caídos, a los que se expone la banca con el negocio inmobiliario (según las últimas cifras con más de un millón de viviendas sin vender), la transparencia obtenida necesariamente hará fluir crédito de la banca hacia las familias y las empresas.

El problema: si esta reforma (la cuarta emprendida sobre la banca española en los últimos años) abrirá o no el grifo del crédito para quien lo necesita, es algo que seguramente no sabremos, sencillamente por sus plazos: el Gobierno da nada menos que un año cuatro meses a los bancos para sanear sus cuentas en relación con el ladrillo, y para emprender las fusiones que sean necesarias para fortalecerse.

Un año y cuatro meses… Entonces nos vemos y platicamos qué tal ha ido el invento.

No se duda de que está reforma (holgada en el tiempo, pero dura en la aplicación) saldará positivamente sus resultados, pero es u hecho que no se contempla un regreso del crédito a todo lo largo del 2012 y en buena parte del 2013. Las baterías se han apuntado nuevamente a inyectar recursos para normalizar el ladrillo, y es hacia ese sector hacia donde se moverá el crédito. Nada más.

A juicio de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios, la reforma de saneamiento financiero emprendida por el gobierno de Mariano Rajoy no es suficiente en sí misma para reactivar el crédito, y que su goteo llegue a las empresas y las familias.

En ese tenor, la Agencia reclama a la administración de Mariano Rajoy “instrumentos adicionales” a la reforma financiera que se aprobó el día de hoy.

Según cree la Agencia, las medidas de saneamiento financiero no inciden todo lo que deberían sobre la economía y el trabajo, y sobre su principal catalizador, el crédito: “la economía española no puede permitirse que el saneamiento del sector financiero continúe ahondando en la recesión y provocando más desempleo”.

La Agencia reclama del Gobierno todas las medidas e instrumentos adicionales que ayuden que las familias accedan al crédito, y que de ese modo se reactive el consumo. La entidad considera que el tiempo que transcurrirá entre la aprobación de las medidas de saneamiento y la efectiva aplicación de las medidas será un limbo en el que el crédito se verá estancado, nuevamente.

Para evitarlo, la Agencia propone la apertura de líneas de crédito a través del ICO (Instituto de Crédito Oficial). La entidad cree que las medidas de saneamiento tendrían su primer síntoma positivo en estas líneas que harían llegar recursos a familias y empresas.

El Gobierno ha emprendido una serie de medidas de saneamiento financiero, centradas en la banca y su exposición al negocio inmobiliario. Un sesgo sectorial que sido duramente criticado.

Según cifras dadas a conocer por el Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, hay un mayor número de solicitudes de crédito de pequeñas y medianas empresas que merece atención de parte de la banca (casi un 75%, tres cuartas partes de las peticiones de financiación). Sin embargo, este alto porcentaje de resoluciones favorables se debe a que menos pymes se han apersonado en las ventanillas de los bancos para pedir préstamos.

En el 2010 cerca del 70% de las pymes se acercó a la banca para solicitar algún tipo de financiamiento. Al último trimestre del 2011 ese porcentaje había caído al 51,5%.

Detrás de esta bajada están aquellas pymes que, rechazadas más de una vez sus solicitudes de crédito, han decidido no acudir más a la banca, y solicitan crédito de otras instancias.

Como diversas instancias ya lo habían señalado, en este 2012 el crédito es más escaso (en un orden del 5% al 10%, según el banco), y más caro.

Según lo han podido atestiguar y padecer las pymes que han solicitado créditos en lo que va de este 2012, el financiamiento bancario es más caro, implica más gastos y se somete a más condiciones.

Según el Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, un 71,3% de las pymes que acudieron a la banca en el último trimestre de 2011 encontraron un incremento de los tipos de interés; un 72,5%  de estas pequeñas y medianas empresas vieron encarecidos gastos y comisiones. El 81,3% reporta un aumento en las exigencias de garantías y avales.

Ante la incertidumbre laboral y económica que campean en España, ¿es posible ver en los mercados una alternativa? ¿Invertir en Bolsa puede darnos beneficios como para sostener un buen nivel de vida? La respuesta es que no es imposible, y sí muy probable, siempre que se siga la estrategia adecuada.

Vivir de los mercados es una posibilidad que debe ser contemplada con la cabeza bien sobre los hombros, olvidándose de los ejemplos hollywoodenses: nadie se ha rico de la noche a la mañana, y vivir de las propios beneficios requiere de una inversión inicial, un plan, objetivos y una estrategia… Como todo trabajo.

Hay que decir que el trabajo como inversor en Bolsa conlleva riesgos y dificultades. Entre sus mayores retos: la sobrevivencia a los periodos de sequía y pérdidas. Ninguna estrategia de inversión nos libra de esa posibilidad.

Una buena estrategia de inversión, por ejemplo, considera que en la próxima década ganaremos un 30% en 8 años, y perderemos un 10% los dos restantes.

Otro factor a considerar son las ganancias: un 30% es un rendimiento notable. De modo que todo capital inicial, en el mejor de los casos, deber ser uno que nos permita vivir al año con un 30% de ganancias sobre su base.

En el caso de que desarrollemos una buena estrategia que nos permita un rendimiento anual medio del 20%, el capital con el que deberíamos iniciar nuestra aventura sería de 185.000 euros: de ese modo el rendimiento igualaría un sueldo anual de 21.500 euros.

Sólo para empezar, y con el dato bien claro que un 65% de los inversores pierde antes que gana capital…

Comienza la tarea más titánica a la que debe enfrentarse el flamante Gobierno del Partido Popular y Mariano Rajoy. Y no es, como se preveía, el enorme número de parados (que ha rebasado holgadamente las previsiones, y ya se ubica en los 5.350.000 personas). Tampoco será el adelgazamiento burocrático con el que se quiere reducir el déficit (las cabezas ruedan que da gusto, y ministerios enteros y programas sociales desaparecen felizmente). No: el enorme reto de la nueva administración en poner en orden el sistema financiero español.

El primer paso: que los bancos ofrezcan su verdadero rostro.

Entre las medidas para que cada institución quede valuada en su justa medida. Esto es: someter a la banca a un proceso de transparencia.

Para ello, los bancos deberán sanear sus cuentas de resultados. En ese aspecto hay una palabra incómoda, cuyo peso va a rebajar la cuenta de resultados de todos los bancos: el ladrillo.

Entre las exigencias que la administración va a imponer a la banca, se encuentra la de que, como parte de su proceso de transparencia, debe presentar sus activos inmobiliarios y los créditos que han concedido a promotores.

El problema es que la banca deberá presentar su exposición al ladrillo “al precio real del mercado”. Algo que, a decir de los responsables económicos del gobierno, va rebajar las cuentas de muchos bancos. Algo que, sin duda, provocará otro pequeño seísmo…

Además, desde el gobierno se quiere que tengamos menos bancos, y se va a potenciar la  continuidad en el proceso de fusiones entre entidades.

La Comisión Europea ha dado a conocer los resultados de su seguimiento de la publicidad online y de las páginas de créditos para el consumo: ninguna de ellas respeta las normativas establecidas por la UE para este tipo de productos, y el resultado es que, en su gran mayoría, las financieras españolas venden créditos más caros de lo que los clientes creen.

Ninguna de las 29 páginas de créditos españolas respeta las normas establecidas por la Unión Europea, según la Comisión Europea, y encubren información vital para conocer el precio real (en términos de intereses y comisiones) de los créditos y préstamos que comercializan.

Este soslayo informativo esta muy por encima de la media europea, donde un 30% de las páginas respeta la normativa.

El responsable del estudio, el comisario de protección de los consumidores europeos, John Dalli, señala la gravedad de estas irregularidades: “Cuando las personas solicitan un crédito, a veces descubren que este crédito es más caro de lo que parecía en un principio porque hay importante información que a veces no está clara o simplemente no se facilita”.

Las empresas de crédito al consumo en Europa se llevan una tajada de 600.000 millones de euros en réditos por la financiación que ofrecen. Sin embargo, en su gran mayoría, y según un barrido de sus páginas realizado en septiembre pasado, no informan a sus clientes de todos los costos e implicaciones de sus créditos.

Entre las irregularidades de estas páginas se observó que un 46% de ellas no informa sobre la tasa anual equivalente (TAE) de los créditos, no detalla si las comisiones sobre los servicios auxiliares obligatorios se han incluido en el coste total; ni precisan la duración del contrato de crédito, el tipo de interés (fijo, variable o ambos), y algunos los gastos vinculados (comisiones de apertura, de gestión). Un 20% de ellas presenta los costos del crédito de forma engañosa.

La siguiente de las fichas que cae en ese efecto dómino que es la economía europea no será (para sorpresa de no pocos) España, ni tampoco Italia. El dedo de la fortuna (que se parece mucho al e la economía) señala a un país del bloque comunista, y esta vez es Hungría la que deberá someterse al régimen que le impongan el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea.

Hungría ha reconocido el día de hoy una deuda de casi 5.000 millones de euros, que deberá refinanciar, mientras que su moneda (el forinto) cotiza en mínimos históricos con relación al euro  y los rendimientos de sus bonos a 10 años rinden por encima del 11%.

Hungría ya ha anunciado que inicia “sin condiciones previas” negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea (UE) para pactar un préstamo de entre 15.000 y 20.000 millones de euros para evitar el colapso de su economía. Quien dirige las negociaciones es un ministro sin cartera, Tamás Fellegi, quien ya ha adelantado que si bien “no es seguro” que Hungría acepte todas las propuestas del FMI, “está dispuesta a negociar sobre todas, sin condiciones previas”. El representante húngaro no se corta al hablar de la necesidad de un “acuerdo rápido”.

El estallido de la Crisis húngara se ha producido debido a que, a juicio de las autoridades económicas internacionales, las  enmiendas en su Constitución “merman la independencia de su Banco Central”.

Apenas hecho el anuncio de las negociaciones, el forinto sufrió un nueva depreciación, hasta llegar a las 324 unidades por euro.

Una de las consecuencias del cierre del grifo crediticio se ha mostrado apenas despunta el 2011, y es que el negocio bancario se ha visto afectado, víctima del efecto boomerang: la banca se queda sin crédito.

Parece un chiste, pero dista de serlo: la restricción del crédito está por convertirse en un grave problema para la banca, pues ven que en sus arcas no quedan más activos fuera de las las subastas de liquidez del BCE.

La banca se ve afectada en su dura restricción al crédito, más allá de la disminución de sus márgenes de negocio, pues es un hecho que verá sus arcas en muy malas condiciones para asistir a las subastas de liquidez del Banco Central Europeo.

La semana pasada, el BCE realizó una  subasta de liquidez a un plazo de tres años que resultó histórica: la banca europea en su conjunto solicitó 489.000 millones de euros, muestra de que los bancos buscan alternativas para fortalecer a su negocio, alicaído ante las restricciones que se han marcado al crédito.

Pero este comportamiento estaría por demostrar otra faceta en febrero, cuando se realice otra subasta de liquidez en la sede del BCE, y cuando es muy probable que buena parte de los bancos europeos se demuestre sin activos para pujar.

La razón: el BCE concede sus préstamos a un tipo muy bajo, pero exige garantías. La mayoría de ellas: titulizaciones de préstamos o hipotecas concedidas por los propios bancos…

¿La banca europea está por caer en casos como el del franco-belga Dexia, sin fondos ni garantías?

El gobierno de Mariano Rajoy se ha puesta manos a la obra con una serie de medidas de austeridad anunciadas enérgicamente, y que llegan a todas las esferas de la sociedad, en lo que se ha llamado “un sacrificio más equitativo”.

Se trata de una serie de medidas de cajón, con efecto inmediato sobre el déficit, la carga que sufren los empresarios y la reactivación del consumo. Sin embargo, no todos comparten el entusiasmo del equipo económico…

Una encuesta realizada entre actores económicos por la empresa multinacional Wolters Kluwer para confeccionar su Barómetro Económico y Tecnológico revela las dudas que despierta esta batería de medidas en la percepción de los financistas.

Si bien la continuidad de las medidas del gobierno anterior son bien vistas por los asesores encuestados como “elementos dinamizadores de la economía” (la reducción de cuotas de la Seguridad Social a quien abra puestos de trabajo a tiempo parcial, la reforma constitucional para limitar el gasto público y reducir el déficit, supremir cuotas camerales obligatoria y la contratación de recién titulados), hay algunas medidas que no gozan de la misma confianza.

¿La reducción del IVA para la adquisición de vivienda nueva va a reactivar el otrora motor de la economía española, el ladrillo? Un 86% de los asesores considera que “no reactivará la economía”.

¿La subida de los tipos impositivos para compensar los déficits recaudatorios dará oxígeno a las finanzas públicas? El  59% de los asesores encuestados cree “no beneficiará a la economía”.

¿El nuevo contrato para la formación y el aprendizaje, la respuesta de Rajoy a la exigencia patronal de los minijobs tendrá efectos notables en el paro juvenil? El 55% de los encuestados cree que no revertirá los efectos del desempleo que campea sobre el 45% de los menores de 25 años.

Un total de 10.869 fueron desalojadas de sus casas en el tercer trimestre del 2011, entre julio y septiembre, lo que si bien significa un descenso de los desahucios en relación con el trimestre anterior en más de un 30%, sí es un repunte del 14,2%  en relación con el tercer trimestre de 2010.

Son datos contenidos en el informe sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales realizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

También se registró un descenso en los embargos practicados por los servicios comunes: 17.546 durante el tercer trimestre, , entre julio y septiembre, lo que significa un 32,5% menos con respecto al segundo semestre (julio-septiembre) de 2010.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias llegaron a 14.894 en el tercer trimestre, lo que significa una disminución del 23,1%.

¿Significan un repunte económico o una disminución de la morosidad esta baja en los embargos relacionados con deudas hipotecarios? En realidad, no. Sólo se trata de la última oleada de las familias, que primero alentadas por el boom inmobiliario se hicieron con casas y después,  sacudidas por la Crisis, no han podido seguir afrontando su deuda.

Donde los números no ceden es en los concursos de acreedores, que han llegado a su marca más alta desde 2004: en el tercer trimestre de 2011 se iniciaron 1.817 procedimientos; un 16% de aumento en su tasa interanual. La morosidad sigue incrementándose, pero el grueso de la deuda impaga ha pasado de las familias a las sociedades comerciales.

También se han recrudecido las demandas de despido: ante los Juzgados de lo Social, en el tercer trimestre, se presentaron 28.651;  un incremento del 9,9%  con relación a julio-septiembre de 2010.